La política de protección de menores de la Junta de Andalucía, que hasta ahora cubría a los menores inmigrantes de la misma manera que lo hacía con los nacionales, ha cambiado. Una circular a los delegados provinciales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social marca las nuevas directrices: si antes se consideraba que cualquier menor que se entrara en el país solo, sin sus padres, era objeto inmediato de declaración de desamparo y pasaba a ser tutelado por la Administración, ahora ya no es así y se ordena no proceder a esa declaración de desamparo y avisar a la Brigada de Extranjería cuando esté próximo a cumplir la mayoría de edad para que lo expulsen.
Este cambio de política con los menores inmigrantes no lo ha hecho público la Consejería sino que ha sido desvelado y denunciado por tres ONG de Granada que han tenido acceso a la circular que marca este cambio radical en la política de menores y también a dos casos concretos de menores que han pasado por centros de acogida en Granada sin que la Junta haya realizado las pertinentes declaraciones de desamparo ni asumido oficialmente su tutela. Estos dos casos levantaron la sospecha del cambio de comportamiento de la Consejería, que luego fue confirmado al obtenerse prueba de las nuevas normas dictadas al respecto por la directora general. La denuncia fue realizada ayer por Granada Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Acción Enred-Acción Alternativa. Silvia Konieckim, presidenta de Granada Acoge, explicó que el objetivo que a su entender persigue la Junta al «retrasar intencionadamente» el procedimiento de desamparo de los menores no es otro que «justificar» la repatriación de los mismos.
La circular de la Junta está firmada por la directora general de Infancia y Familia, Carmen Belinchón y fechada hace ya un año, por lo que además de los dos casos de menores que han permanecido en centros de la Junta en Granada sin que les hayan tramitado papel alguno es probable que haya otros muchos en la misma situación o bien que ya hayan sido expulsados al cumplir los 18 años.
Cambio de criterio
La circular basa el cambio de criterio y de procedimiento de actuación con los menores en hechos como «la alta ocupación de los centros», el «previsible aumento en la llegada de menores y presuntos menores», con lo que introduce la desconfianza hacia las pruebas oseométricas que determinan la edad de los mismos (dice incluso que los niños las falsean) y también en que muchos de esos menores mantienen contacto con su familia en Marruecos, a pesar de haber llegado en patera. En la circular, la directora general se cuida de guardarse la espaldas retorciendo los preceptos que introduce la Ley del Menor para que no se retiren los hijos a los padres sin prueba de que éstos no son aptos, instando a los funcionarios a obtener antes de declarar a estos menores inmigrantes en desamparo pruebas avaladas por informes periciales de que los padres no son aptos o se desentienden de su cuidado.
La directora general insta a los funcionarios a comunicar a la Brigada de Extranjería la relación de menores que accederán próximamente a la mayoría de edad «con la suficiente antelación para que tengan conocimiento y puedan actuar según lo establecido en la normativa de extranjería», o sea repatriarlos sin más en cuanto cumplan los 18.
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