La llegada a España de menores extranjeros no acompañados «lejos de ser el fin de su aventura, puede suponer el comienzo de un penoso calvario»
MANU MEDIAVILLA | COLPISA. MADRID
«Niños y adolescentes están sustituyendo al padre y la madre en la estrategia migratoria» de muchas familias que viven al sur del Estrecho, «la frontera más desigual del mundo» entre la pobreza africana y la riqueza europea. Lo apunta Isabel Lázaro, directora del Encuentro sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) celebrado esta semana en la Universidad Pontificia Comillas. Para Lázaro, la llegada a España de esos chavales, lejos de ser «el final de su aventura migratoria, es en muchos casos el comienzo de un penoso calvario» por la tensión entre legislación de extranjería y obligaciones internaciones de protección de la infancia.
De hecho, advierte la profesora de Derecho Internacional Privado y directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores, ni las normas jurídicas ni el sistema de protección han sido capaces de ofrecer una respuesta eficaz a una realidad que, a falta de un Registro centralizado, ni siquiera ofrece datos oficiales fiables.
Aunque las estimaciones sobre el colectivo son difíciles por su movilidad y reticencias a identificarse, Beatriz Moroy, alumna colaboradora de la Cátedra, cifra entre 3.000 y 5.000 los menores solos en España, la mayoría repartidos entre Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña. Su perfil es cada vez más diverso. Y se sabe que hay un grupo muy vulnerable y casi «invisible» de menores, sobre todo niñas, víctimas de las redes y mafias de prostitución.
Desamparo y movilidad
«No sabemos cuántas chicas son, pero las hay, y pasan por mayores», añade Bartolomé Martínez, asesor responsable del Área de Inmigración del Defensor del Pueblo. La determinación de la edad -habitualmente con una radiografía de muñeca y parte del brazo- es clave en el ámbito de estos chavales, porque los menores quedan bajo el manto protector 'sin fronteras' de la Convención de Derechos del Niño. En España, el Ministerio Fiscal los pone a disposición de los servicios de protección de las comunidades autónomas, y de ahí la inquietud del experto por algunos casos de chicos y chicas internados junto a mayores de edad cuando «era evidente que eran menores», aunque prefirieran ponerse años para no separarse del grupo con el que llegaron.
Una medida decisiva es la declaración de desamparo, obligatoria cuando el menor se encuentra solo y sin asistencia de un adulto responsable de él. Pero no siempre se aplica con diligencia. Algunas comunidades, señala Lázaro, optan por «figuras intermedias de atención inmediata», que aseguran sus necesidades básicas pero lo dejan en cierta precariedad legal y le privan de la necesaria protección, ya que el desamparo conlleva la tutela automática de la Administración Pública y el consiguiente impulso a su integración social. La atención inmediata, coincide Julieta Moreno-Torres desde la Oficina malagueña del Servicio de Protección de Menores andaluz, crea una «especie de ficción jurídica» protectora -falta un tutor legal- que puede prolongarse. A su juicio, la falta de identificación no debería ser excusa para aplazar el desamparo.
El escenario de los menores extranjeros no acompañados se hace más complejo por su movilidad, en busca, como dice Lázaro, del «sistema autonómico que les protege mejor». Al faltar cauces para ese vaivén, surgen situaciones confusas como la permanencia de su tutela en la comunidad «de origen», y se produce una sobrecarga de los servicios de protección en zonas distintas de las de mayor presión migratoria. En cuanto a recursos, predomina absolutamente el acogimiento residencial, a veces en centros especializados, y rara vez hay propuestas para su acogimiento familiar. Pocos tienen familiares en España, y aún menos que estén dispuestos a acogerlos y puedan asumir esa tarea.
