Igualmente, el portavoz de Prodeni, José Luis Calvo, ha informado en un comunicado de que ha enviado un escrito al fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, y al fiscal jefe superior de Canarias, Vicente Garrido, en el que les acusa de "no haber amparado los derechos" de la pequeña, que permanece en un centro de menores de Las Palmas de Gran Canaria tras ser retirada de su madre preadoptiva de La Orotava (Tenerife) en 2007 por orden judicial. Además, Prodeni acusa a ambos fiscales de "ser en gran parte responsables de su actual desgracia".
La asociación remitió el pasado 18 de mayo copias de dicho texto al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y a la fiscal de Sala del Menor de la Fiscalía General del Estado (FGE). En dicho documento, Prodeni muestra su desacuerdo con las respuestas sobre sus reivindicaciones en torno a la niña 'Piedad' y su madre preadoptiva Soledad Perera por parte del fiscal jefe de Las Palmas, del fiscal superior de Canarias y de la fiscal de Sala del Menor de la FGE "justificándose a la defensiva, ocultando información y tergiversando otra", señala.
Prodeni considera que los intereses de 'Piedad', es decir, "sus derechos en función de persona titular de los mismos, y sus necesidades, entendidas como quiere la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor como eje de sus derechos y protección, fueron sometidos en Canarias a los intereses y necesidades de la parte biológica, quien obtuvo del Juzgado de Familia y del Fiscal la protección y las garantías de que se privó a 'Piedad'".
"MERO OBJETO DE LITIGIO"
Consideran que la niña "sólo fue mero objeto de litigio al que se le impuso un cambio de realidad de consecuencias catastróficas, a pesar de los notorios esfuerzos y recursos que se aplicaron intentando hacer viable la integración".
En su escrito a la FGE, Prodeni expresa su "clara discrepancia con el criterio de la Fiscalía canaria", tras sus críticas del "fracaso de la medida de reinserción de la menor a la parte biológica, pues la niña ha sido otra vez desamparada, se le han prohibido las visitas a su madre y lleva internada siete meses en un centro de menores".
La Fiscalía sostiene que actuó con "absoluta corrección en atención a los criterios de legalidad e imparcialidad", pero Prodeni entiende que "cuando explica sus razones lo hace omitiendo datos claves para entender esta historia y para ver cómo efectivamente la Fiscalía canaria no actuó bajo los criterios que presume y dice".
"Datos que fueron en parte omitidos por la Fiscalía para sí construir un relato secuencial favorable a su defensa, e, incluso, tergiversando otros siempre para sacudirse la crítica de encima", añade Prodeni, que critica también que la Fiscalía de Canarias y la de la Sala del Menor de la FGE "cerraron filas apoyando en todos sus términos lo apuntado por la Fiscalía de Las Palmas".
"NINGUNA CONFIANZA" EN LA FISCALÍA CANARIA
A raíz de lo ocurrido, Calvo confiesa no tener "ninguna confianza" en la Fiscalía de las islas, al tiempo que denuncia una "flagrante actitud de abandono a los derechos de la menor, quien ha sido la víctima de un sistema que la devolvió a la desgracia cuando era una niña feliz e integrada en su mundo de La Orotava, aduciendo hipócritamente que la medida se adoptaba en su interés superior".
"Una burla en toda regla de sus derechos y del sagrado principio de su interés superior, cuya aplicación o apelación por el Ministerio Fiscal no tiene nada que ver con la realidad de su contenido, de su significación, en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley Orgánica 1/96", agrega Prodeni, que resalta que "es público y notorio la dispersión de criterios que existe entre unos fiscales y otros" en España, "entre los que colocan por encima de todo el interés biologista, y aquellos que miran al centro de la cuestión, que es a la propia persona del menor y sus circunstancias".
UN FUTURO "HIPOTECADO"
Por ello, le pide a Conde-Pumpido que estudie el caso en base al "interés superior" y "no se den monstruosidades como la de Canarias con la niña 'Piedad', quien, al igual que 'El niño de El Royo' de Castilla y León, "están siendo condenados a pudrirse en centros de menores, huérfanos de por vida, cuando habían tenido en sus manos la luz y la felicidad que les fue arrebatada en función de una equivocada visión de sus necesidades e intereses, que no eran los suyos, sino los de sus respectivas madres biológicas, a quienes los de aquellos fueron supeditados hipotecando su futuro".
El colectivo recuerda que en su escrito de 3 de diciembre de 2008 dirigido a la Fiscalía de Las Palmas le decía entre otras consideraciones, que "no había defendido el interés superior de la niña, siendo su respuesta que la Fiscalía sí había actuado en todo momento garantizando dicho principio con absoluta corrección dentro de la más estricta legalidad e imparcialidad".
Posteriormente, la organización ha recibido "dos escritos de apoyo al Fiscal, uno remitido por la Fiscalía Superior de Canarias, y el otro por la Fiscalía de Sala de Coordinación del Menor de la Fiscalía General del Estado". Sin embargo, se mantiene en su crítica de que el Ministerio Fiscal en Canarias "no garantizó ni defendió el interés superior de la pequeña cuando debió hacerlo, siendo en buena parte responsable de su actual desgracia".
Asimismo, en respuesta al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, Prodeni señala que lo que éste entiende que "es el interés superior del niño explica la poca importancia, incluso el desprecio, que supuso para la Fiscalía de Las Palmas la realidad familiar de 'Piedad' en La Orotava, a la que no se quiso reconocer ningún valor en contraposición con la fuerza de la sangre que representaba la parte biológica, a pesar de los antecedentes, del tiempo transcurrido, de la carencia de sólidos informes que acreditaran la solvencia de un supuesto cambio, y a pesar de que la niña estaba plenamente feliz e integrada en su nueva familia".
En este sentido, critica que el Ministerio Fiscal "minimizó la importancia que había tenido el pasado de una madre biológica que en el primer año y medio en que su hija estuvo en el centro de menores demostró desidia y desinterés en rehabilitarse y en recuperarla, y a la que sólo visitaba de Pascuas a Ramos".
Además, considera que el Ministerio Público "minimizó que la madre sólo se preocupara de oponerse a la medida de suspensión de visitas y del nuevo programa de acogimiento preadoptivo sin hacer ningún esfuerzo por ganar la recuperación de su hija durante el año y medio siguiente que la menor continuó en acogimiento residencial".
En cuanto a la familia acogedora, Prodeni estima que "es evidente que se la privó de apoyo y comprensión, en especial a Soledad Perera, la persona que la quiso como nadie y que intentó protegerla hasta el final, debiendo soportar una desmesurada acción judicial por unos supuestos hechos de desobediencia, que al no haber sido otra cosa que renuente oposición para protegerla de unos daños y unos males que, por desgracia, se han confirmado". Prodeni entiende que "da toda la impresión" de que contra Perera se actúa "con un alto contenido de animadversión desde la parte acusadora, en contraste con el beneplácito y hasta benevolencia que se tiene con la parte biológica".
