jueves, 12 de marzo de 2009

Senado estudia el sistema y las normas para facilitar la adopción nacional

 
 

El Senado ha comenzado hoy a estudiar el actual sistema de adopción nacional y la posibilidad de unificar normas y criterios de las Comunidades Autónomas para facilitar los trámites que permitan encontrar familias para los casi 30.000 niños actualmente en régimen de tutela.

En su primera reunión, la comisión especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines ha recibido a la directora general de las Familias y la Infancia, Amparo Marzal, quien ha analizado los criterios actuales y planteado posibles mejoras en beneficio de los menores.

La importancia de potenciar el régimen de acogida en familias preparadas para ello, la posibilidad de regular el acogimiento de urgencia sobre todo en el caso de bebés, la necesidad de analizar la prevalencia de los vínculos biológicos y la capacidad de los padres biológicos de reclamar una y otra vez a sus hijos naturales, son asuntos que se han puesto sobre la mesa en esta primera sesión.

"Se trata siempre de situaciones muy variables que hacen casi imposible dar una respuesta única y homogénea", ha reconocido Marzal, quien ha admitido que la complejidad de los trámites y los plazos existentes para que la adopción sea definitiva desaniman a muchos padres de adoptar en España.

Así, uno de los primeros problemas que ha puesto de manifiesto esta responsable del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha sido la complejidad de elaborar estadísticas nacionales por los distintos criterios utilizados en las Comunidades Autónomas.

Marzal ha explicado que la cifra total de 29.554 menores tutelados corresponde a cálculos de 2006, y que de estos 14.126 están en régimen de acogimiento residencial (en manos de la Administración) y 19.894 en diferentes modalidades de acogimiento familiar; pero ha subrayado que éstas dos últimas cifras corresponden a 2007.

También ha informado de que en 2006 se llevaron a cabo 916 adopciones nacionales.

En la comisión también han intervenido el Defensor del Pueblo y del Menor de Andalucía, José Chamizo, y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, quienes han expuesto las normas y criterios que rigen en sus respectivas comunidades autónomas.

También han propuesto ideas sobre cómo mejorar el sistema para, en palabras de Chamizo "dar a los niños desamparados e institucionalizados el derecho a tener una familia en el más breve tiempo posible" teniendo siempre en mente que "no existe un derecho a adoptar, esto es no prima el interés de los padres, sino el interés del niño".

Chamizo también ha advertido a los senadores de los peligros que entraña buscar la perfección, tanto en los niños como los padres.

Así ha planteado que no son sólo los problemas legales los que dificultan las adopciones en España, sino también criterios como la edad de los menores o características como enfermedades, discapacidades o el tratarse de varios hermanos.

En cuanto a los padres adoptivos, Chamizo ha advertido contra la tentación de "buscar la perfección con unos criterios exquisitos e imposibles de cumplir".

Por su parte, el Defensor del Menor de Madrid, Arturo Canalda, ha argumentado en favor del acogimiento familiar como la mejor alternativa para los menores en desamparo y ha planteado la necesidad de apoyar a estas familias con ayudas económicas, fiscales, de escolarización, entre otras.

Para aquellos casos en que la adopción o el acogimiento sean complicadas por enfermedad del niño o por tratarse de un grupo de hermanos, el responsable de estos asuntos en Madrid ha apostado por el "acogimiento profesionalizado" como la mejor solución.

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