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SEVILLA. El Juzgado de Familia 7 de Sevilla ha concedido la tutela de Iván, el hijo de Carmen Fernández, a los padres preadoptivos del menor tras diez años de acogida, en los que dicha tutela estaba en manos de la Administración andaluza, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales. Así las cosas, el titular de Familia 7, Francisco Serrano, con un informe favorable del ministerio fiscal, ha dictado un auto en el que otorga la tutela de Iván a la familia acogedores por la «situación de idoneidad» que existe actualmente.
Tanto Iván, ahora de 16 años, como su hermana Sara, de 17 años, fueron declarados en desamparo en 1996 y, posteriormente, en 1998, se marcharon a Dos Hermanas con una familia de acogida mientras su madre se encontraba en tratamiento de desintoxicación de su adicción al alcohol. Ya en el mes de septiembre de 2004, Sara decidió de forma voluntaria irse a vivir con su madre biológica -a quien la Junta le retiró a sus hijos de manera irregular-, mientras que Iván continuó residiendo con la familia acogedora «motu propio».
Una «vida normalizada»
Una vez que los padres preadoptivos han conseguido la tutela del menor, la abogada que representa sus intereses, María del Mar Arredondo, ha explicado a Europa Press que «ya es hora que el niño pase a tener una vida normalizada». Asimismo, la letrada añadió que el próximo paso será el de solicitar «la adopción de Iván».
En otro orden de cosas, Arredondo, tras conocer que la albacea designada por Carmen Fernández para repartir su herencia ya ha cobrado los 1,5 millones de euros de la indemnización de 1,7 millones -ya habían sido entregados anteriormente 210.00 euros-, puso de manifiesto que «a fecha de hoy aún nadie se ha puesto en contacto con el menor para tratar el tema».
La propia albacea, María Dolores Serrera, manifestó que «el dinero ha llegado muy tarde pero ha llegado» y confió en que este sea el final del «calvario». A Carmen Fernández, ya fallecida, la Justicia le dio la razón en numerosas ocasiones porque sus hijos le fueron retirados de manera irregular.
Por este motivo, la Audiencia Provincial de Sevilla obligó a la Junta en 2006 a pagar 1,7 millones de euros de indemnización en base a dos criterios: el de la enfermedad padecida por la solicitante a causa del sufrimiento y el de la pérdida de los hijos -tanto por el tiempo que ha estado apartada de ellos como por el sufrimiento debido a la razonable expectativa de recuperación-.
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