Tema del día
Una familia de acogida recoge 5.000 firmas contrala medida al considerar que "se les envía al infierno"
ARTURO CHECA
VALENCIA
A finales de 2007, la Policía Nacional puso fin a un grupo delictivo que durante muchos meses azotó a la ciudad de Valencia y municipios cercanos: un grupo de ciudadanos rumanos que empleaba a 24 menores para robar en cajeros automáticos y a los que también obligaba a mendigar. Muchos de los niños apenas superaban los cinco años. En la actualidad, mientras algunos están internados en centros de menores, otros se hallan en régimen de acogida en familias valencianas.
Pero el comienzo del fin de su estancia en la Comunitat Valenciana puede estar empezando. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha iniciado los expedientes de repatriación de alrededor de una quincena de adolescentes. El Ejecutivo emprende esta medida en virtud de un tratado firmado hace dos años entre España y Rumanía que acuerda el envío a este país de adolescentes rumanos no acompañados por sus progenitores en España.
Desde la Fiscalía de Menores de Valencia confirmaron la existencia de estos expedientes e indicaron que se llevan a cabo "tras localizar a sus progenitores en Rumanía y comprobar que los centros de internamiento de aquel país reúnen las condiciones óptimas para el desarrollo de los menores".
Dicho acuerdo existe tanto con el país recientemente integrado en la Unión Europea como con Marruecos y Senegal, dos de los países de origen mayoritario de los menores que acaban recalando en circunstancias muchas veces ilegales en España.
De hecho, las mismas fuentes señalaron que el Consulado rumano se ha opuesto expresamente a que estos adolescentes sean adoptados en España, por lo que la única posibilidad es que sean acogidos por una familia (algunos de ellos ya lo están) o internados en centros de menores. En la actualidad, los 24 niños se encuentran en situación de acogimiento residencial y tutelados por la Conselleria de Bienestar Social.
"Enviarlos de vuelta a su país es mandarlos a un infierno". Quien así se pronuncia es Fran, un valenciano que junto a su pareja acoge durante los fines de semana a dos de estos menores, dos niños de cuatro y seis años. Ellos han sido los impulsores de una campaña (en la que ya se han implicado ongs de protección hacia los inmigrantes) que ya ha recabado "unas 5.000 firmas" en contra de esta medida para remitirlas al Defensor del Menor.
La pareja también ha presentado un recurso contra las repatriaciones ante el Síndic de Greuges, "que ya lo ha aceptado", tal y como señaló el demandante.
El tiempo de los adolescentes en la Comunitat puede empezar a acabarse el próximo mes de agosto. Es entonces cuando finaliza el plazo máximo de nueve meses de que consta el acogimiento de urgencia y diagnóstico por el que la mayoría de los menores se encuentra con las familias. Lo que Fran y otras muchas parejas de la Comunitat piden es que la Conselleria de Bienestar Social convierta este régimen en acogimiento simple, "lo que prolongaría su estancia al menos durante dos años", o incluso permanente, como señala el valenciano.
Miles de niños en la calle
El denunciante y su pareja están a la espera de mantener una reunión con representantes de esta Conselleria. "Sólo se ha localizado a los padres de uno de los menores y el resto van a ir a un orfanato. No se está teniendo en cuenta el supremo interés del menor, como exige la ley española, y tanto Bienestar Social como la Subdelegación del Gobierno deberían hacerlo. Lo contrario es enviarles a un país en el que cada año más de 2.000 menores acaban viviendo en la calle", exponen los demandantes en las hojas con las que están recabando firmas por toda Valencia.
La Asociación de Rumanos de la Comunitat también se muestra a favor de que los menores permanezcan en España. "Si hay unas familias de acogida que se comprometen a tenerlos con ellos, sin duda aquí pueden tener una educación y un futuro mucho mejor que en Rumanía", aseguró el presidente de la entidad, Daniel Ionita. Eso sí, ve lógico que regresen a su país "si se localiza allí a algún familiar que se haga cargo de ellos".
No obstante, al mismo tiempo, el representante rumano se muestra partidario de que el Gobierno español aplique "medidas drásticas" contra sus compatriotas que cometen delitos en la Comunitat, "porque no es justo que paguemos todos por ellos y nuestra imagen se vea dañada por sus delitos".
"Allí no les espera nadie", apunta Fran. El valenciano subraya una y otra vez que los niños son inocentes de los delitos que le obligó a cometer la banda. "Ellos robaban para sobrevivir. Creían que la gente vivía robando, hasta que les hemos enseñado que lo normal es levantarse cada día e ir a trabajar", explica el miembro de una de las familias de acogida.
Enviarlos de vuelta a Rumanía sería, según el denunciante, "convertirlos de nuevo en víctimas, en este caso de un sistema que decide no seguir protegiéndolos".
Pero el comienzo del fin de su estancia en la Comunitat Valenciana puede estar empezando. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha iniciado los expedientes de repatriación de alrededor de una quincena de adolescentes. El Ejecutivo emprende esta medida en virtud de un tratado firmado hace dos años entre España y Rumanía que acuerda el envío a este país de adolescentes rumanos no acompañados por sus progenitores en España.
Desde la Fiscalía de Menores de Valencia confirmaron la existencia de estos expedientes e indicaron que se llevan a cabo "tras localizar a sus progenitores en Rumanía y comprobar que los centros de internamiento de aquel país reúnen las condiciones óptimas para el desarrollo de los menores".
Dicho acuerdo existe tanto con el país recientemente integrado en la Unión Europea como con Marruecos y Senegal, dos de los países de origen mayoritario de los menores que acaban recalando en circunstancias muchas veces ilegales en España.
De hecho, las mismas fuentes señalaron que el Consulado rumano se ha opuesto expresamente a que estos adolescentes sean adoptados en España, por lo que la única posibilidad es que sean acogidos por una familia (algunos de ellos ya lo están) o internados en centros de menores. En la actualidad, los 24 niños se encuentran en situación de acogimiento residencial y tutelados por la Conselleria de Bienestar Social.
"Enviarlos de vuelta a su país es mandarlos a un infierno". Quien así se pronuncia es Fran, un valenciano que junto a su pareja acoge durante los fines de semana a dos de estos menores, dos niños de cuatro y seis años. Ellos han sido los impulsores de una campaña (en la que ya se han implicado ongs de protección hacia los inmigrantes) que ya ha recabado "unas 5.000 firmas" en contra de esta medida para remitirlas al Defensor del Menor.
La pareja también ha presentado un recurso contra las repatriaciones ante el Síndic de Greuges, "que ya lo ha aceptado", tal y como señaló el demandante.
El tiempo de los adolescentes en la Comunitat puede empezar a acabarse el próximo mes de agosto. Es entonces cuando finaliza el plazo máximo de nueve meses de que consta el acogimiento de urgencia y diagnóstico por el que la mayoría de los menores se encuentra con las familias. Lo que Fran y otras muchas parejas de la Comunitat piden es que la Conselleria de Bienestar Social convierta este régimen en acogimiento simple, "lo que prolongaría su estancia al menos durante dos años", o incluso permanente, como señala el valenciano.
Miles de niños en la calle
El denunciante y su pareja están a la espera de mantener una reunión con representantes de esta Conselleria. "Sólo se ha localizado a los padres de uno de los menores y el resto van a ir a un orfanato. No se está teniendo en cuenta el supremo interés del menor, como exige la ley española, y tanto Bienestar Social como la Subdelegación del Gobierno deberían hacerlo. Lo contrario es enviarles a un país en el que cada año más de 2.000 menores acaban viviendo en la calle", exponen los demandantes en las hojas con las que están recabando firmas por toda Valencia.
La Asociación de Rumanos de la Comunitat también se muestra a favor de que los menores permanezcan en España. "Si hay unas familias de acogida que se comprometen a tenerlos con ellos, sin duda aquí pueden tener una educación y un futuro mucho mejor que en Rumanía", aseguró el presidente de la entidad, Daniel Ionita. Eso sí, ve lógico que regresen a su país "si se localiza allí a algún familiar que se haga cargo de ellos".
No obstante, al mismo tiempo, el representante rumano se muestra partidario de que el Gobierno español aplique "medidas drásticas" contra sus compatriotas que cometen delitos en la Comunitat, "porque no es justo que paguemos todos por ellos y nuestra imagen se vea dañada por sus delitos".
"Allí no les espera nadie", apunta Fran. El valenciano subraya una y otra vez que los niños son inocentes de los delitos que le obligó a cometer la banda. "Ellos robaban para sobrevivir. Creían que la gente vivía robando, hasta que les hemos enseñado que lo normal es levantarse cada día e ir a trabajar", explica el miembro de una de las familias de acogida.
Enviarlos de vuelta a Rumanía sería, según el denunciante, "convertirlos de nuevo en víctimas, en este caso de un sistema que decide no seguir protegiéndolos".
1 Comment:
Es completamente injusto que los repatrien a su país..estos niños ya son felices en España ahora que no les mandan a robar. ¡Miles de familias valencianas están deseando acoger niños! No comprendo por qué no se les permite aún sabiendo que estos niños ya han tenido relación con una familia, como el caso de Fran y su mujer. En fin, la cosa está en 'librarse' de todas aquellas personas que puedan dañar la imagen de España, ¿no? Como si no hubiese españoles que roban..