El número de equipos ha pasado de 28 a 142
domingo, 20/07/2008 12:00EP.
La Junta atendió en 2007 a 8.300 menores en riesgo, siete veces más que el número de niños cuya tutela asumió finalmente.
Los Equipos de Tratamiento Familiar de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social atendieron durante 2007 en Andalucía a 8.300 menores de edad en situaciones de riesgo con el objetivo de evitar posibles desamparos, siete veces más que el número de niños cuya tutela tuvo que ser asumida finalmente por la Junta durante el pasado año, cuyo número asciende a 1.154.
Según datos facilitados por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social a Europa Press, desde que se creó este Programa de Tratamiento Familiar, que es pionero en España, y hasta diciembre de 2007, han sido atendidos casi 37.800 menores y aproximadamente 16.500 familias, siendo la inversión de la Junta para este periodo de 62.600.000 euros.
Igualmente, durante este tiempo, el número de equipos ha pasado de 28 a 142, contando en el año 2008 con un total de 520 profesionales y una inversión de 14.500.000 euros.
Por otro lado, desde el mes de junio y tras la firma de cuatro nuevos convenios de colaboración entre la Consejería y los municipios de Almonte, Armilla, Conil de la Frontera y Nerja, todos los municipios andaluces cuentan con al menos un equipo de tratamiento familiar para detectar, atender las situaciones de riesgo que puedan encontrarse los niños.
En el año 2000, cuando se puso en marcha este programa, se suscribieron 22 convenios con corporaciones locales de más de 50.000 habitantes, lo que supuso la creación de 28 equipos de tratamiento con 106 profesionales y una inversión de 2.277.276 euros.
La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social viene desarrollando desde el año 2000, en colaboración con las administraciones locales andaluzas, el Programa de Tratamiento Familiar que se concreta en la implantación en el territorio de Equipos de Tratamiento Familiar.
Estos equipos, con un carácter eminentemente técnico e interdisciplinar e integrados por profesionales de la Psicología, del Trabajo Social y de la Educación Sociofamiliar, tiene una doble finalidad. Por un lado, preservar los derechos y promover el desarrollo integral de menores en situación de riesgo social, evitando la separación de su familia y normalizando su situación, y, por otro, posibilitar la reunificación familiar en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida protectora, se considera que es "posible y adecuado" el retorno del menor a la familia de origen.
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