sábado, 17 de enero de 2009

Los canarios adoptaron 1.631 niños en la última década

 

MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE Canarias ha experimentado un aumento de forma considerable en lo que a solicitud y consecución de adopciones se refiere a lo largo de la última década (1998-2008), de tal manera que se han tramitado unas 5.000 solicitudes, de las que 3.500 fueron internacionales y 1.200 nacionales. De estas peticiones, se concluyó satisfactoriamente el trámite de 1.200 expedientes internacionales y 431 nacionales. "Esto coloca a Canarias entre las primeras comunidades en adopción internacional, tanto por las solicitudes como por la concreción de las mismas", según se informa desde la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias.
Sin embargo, llegar a esta situación no ha sido "nada fácil", debido al "largo y costoso proceso" y las diferencias legislativas entre los países de origen. Pero también, en el plano de las adopciones nacionales, se subraya que estas políticas "no son sencillas, ya que son muchas las limitaciones con que se encuentran a lo largo del proceso de adopción". Una de las principales dificultades con la que se encuentran las familias es la propia legislación que conlleva la conciliación de los derechos de los menores con los derechos de los solicitantes de adopción y los derechos de los padres biológicos.

Durante 2008 se resolvieron en el Archipiélago un total de 48 adopciones nacionales y 80 internacionales, lo que la sitúa como una de las comunidades autónomas "más solidarias". De esta forma, la Consejería, que dirige Inés Rojas, tenía previsto crear una agencia canaria de adopción, y de hecho tal planteamiento formaba parte de las propuestas del departamento de Bienestar Social para esta legislatura, aunque, como ya manifestó la propia consejera en sede parlamentaria durante la exposición de las previsiones presupuestarias para el año en curso "esta iniciativa quedará relegada de las prioridades del Ejecutivo canario" ya que "la crisis económica por la que atravesamos hace que nos debamos centrar en objetivos más urgentes".
La Consejería ha intentado mejorar la organización del departamento de adopciones del Ejecutivo regional para ofrecer una información que resulte útil para los padres adoptantes. Así, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, ha consolidado una estructura administrativa (Servicio de Programas de Adopción de Menores) adaptada a las necesidades aunando en el mismo servicio todo el proceso administrativo que conlleva una adopción, con el fin de lograr la plena integración del menor en la nueva familia y el éxito de la adopción.

Conflictos con la familia biológica

Adoptar a menores que se encuentran en situación de desamparo resulta un proceso mucho más conflictivo. Siguen siendo muchos los niños y niñas que se encuentran institucionalizados en centros y que, aún habiéndose descartado la integración en su familia biológica y en su familia extensa, no pueden ser integrados en una nueva familia, ni propuestos a las autoridades judiciales para el acogimiento preadoptivo, o la adopción propiamente dicha, por existir oposición por parte de sus padres biológicos. La integración del menor, en este caso, podría verse frustrada si prosperara la pretensión de sus padres biológicos, con los consiguientes perjuicios para el menor y para los padres acogentes. Cabría recordar que en las Islas hay actualmente 2.400 niños en situación de desamparo, de los que unos 1.200 están acogidos por familias y el resto se distribuyen en hogares de acogida gestionados por el Gobierno autonómico.

Nigeria, Camerún, Burundi y Vietnam, nuevos países para adoptar a menores

Las limitaciones que se producen en cuanto a las adopciones internacionales son de otra índole, debido principalmente a la soberanía de los distintos Estados a los cuales se dirigen las solicitudes de adopción, los cuales cuentan con legislación propia en materia de adopción, donde se determinan los requisitos y criterios para acordar una adopción, creándose situaciones que dificultan, en la mayoría de los casos el proceso. Dificultad que se incrementa por la lejanía del país, en algunos casos por el propio idioma y por no contar con un sistema de comunicación fluido que permita conocer las incidencias de los procedimientos, o bien por las cambiantes políticas de países con Gobiernos inestables.
En este sentido, el Gobierno canario ha trabajado para abrir el elenco de países donde es posible adoptar. De esta manera, el pasado mes de noviembre se celebró en Canarias una reunión con la directora de Asuntos Sociales y Adopciones del Estado de Lagos, Nigeria. El resultado de esa reunión fue, finalmente, la habilitación definitiva de la entidad colaboradora de Adopción Internacional Asociación Futuro en Familia (AFEF) para actuar en el Estado de Lagos, siendo la Comunidad Autónoma de Canarias la primera que acredita a una entidad colaboradora para actuar en el referido país.
Asimismo, y también el pasado año, concretamente en el mes de agosto se habilitó definitivamente a la entidad colaboradora (ECAI) de adopción internacional ACI, para actuar en Vietnam, país en el cual se inician los procesos de adopción por parte de todas las comunidades autónomas, estando en estudio las solicitudes de las entidades colaboradoras de adopción internacional Interadop y Adecop. Un mes después, la Dirección General del Menor y la Familia facultó a varias ECAI más para facilitar las adopciones en otros dos países africanos, Burundi y Camerún. Sin embargo, en el mismo plazo, la Consejería informaba de que suspendía la tramitación de nuevas solicitudes de adopción en Haití, Kazajstán y República Democrática del Congo por falta de garantías jurídicas, aunque aquellos procedimientos que se encuantran en curso, podrán continuar y sólo serán suspendidos aquellos que lo sean solicitado expresamente por las familias adoptantes.
A lo largo del año pasado, la Consejería limitó los procedimientos en Bulgaria, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Nepal, Nigeria, Senegal y Rusia, permitiéndola sólo a través de ECAI habilitadas definitivamente para actuar en España y en el país de origen de los menores.

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