EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La magistrada-juez del Juzgado de lo Penal Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, María Gabriela Ramos, ha condenado a la madre preadoptiva de la niña Piedad, Soledad Perera, a nueve meses de cárcel por un delito de desobediencia grave a la autoridad.
Así se afirma en una sentencia hecha publica hoy, cuyo fallo también incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo para Soledad Perera y la imposición de las costas causadas en esta instancia.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación en el plazo de diez días.
La magistrada recuerda en su sentencia que el 11 de julio de 2006 se atribuyó la guarda y custodia de la menor a su madre, Ángeles Suárez.
Tras un escrito de apelación presentado por Soledad Perera, la Audiencia de Las Palmas acordó, en marzo de 2007 y como medida cautelar, que la menor quedara en régimen de acogimiento residencial, como se encontraba antes de entregarse a la acogedora, lo que se comunicó a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno canario, quedando la guarda en acogimiento residencial de la niña delegada en el director de un centro de Tenerife.
La sentencia alude a un auto de 26 de abril de 2006 dictado por la Audiencia de Las Palmas en el que se dispuso la ejecución forzosa de lo acordado, ante el que la acusada respondió resistiéndose "a hacer entrega de la menor bajo el pretexto de que" ésta había "salido a pasear" y no sabía cuándo volvería y manifestado que lo único que pretendía era "protegerla con todas las medidas legales que están a su alcance".
A ese auto le siguió, el 2 de mayo de 2007, un nuevo requerimiento de la Audiencia de Las Palmas, en el que se instó a Soledad Perera a que manifestara dónde se encontraba la menor y a que la entregara a la Dirección del Menor y la Familia "en 24 horas, con expreso apercibimiento de incurrir en delito de quebrantamiento de los deberes de custodia y en el de desobediencia", agrega el fallo judicial hecho público hoy.
En él también se afirma que Soledad Perera fue condenada, en sentencia firme, el 14 de febrero de 2008 por un delito de desobediencia a la autoridad a ocho meses de prisión, "pena que fue suspendida por dos años y condicionada a que no cometiera nuevo delito durante ese tiempo".
En esta ocasión, precisa la magistrada, "lo que se imputa y declara probado es el incumplimiento de dos autos, por tanto diferentes resoluciones judiciales dictadas por la sección tercera de la Audiencia de Las Palmas, y no por el Juzgado de Familia".
De esta forma, la magistrada contestó a una de las cuestiones previas alegadas por la defensa de Perera, ejercida por el ex Fiscal General del Estado Eligio Hernández, quien ha recordado que su defendida ha sido condenada por un "hecho jurídicamente semejante al que es objeto de imputación en la presente causa".
En cualquier caso, tras concluir la vista oral de este juicio, el pasado 26 de febrero, Eligio Hernández lo consideró nulo porque la magistrada no permitió el acceso a los medios de comunicación, por lo que anunció que pondría en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial lo sucedido en el Juzgado de lo Penal Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, ya que la magistrada no dictó auto alguno en el que se informara de que la vista sería a puerta cerrada.
Además, Eligio Hernández manifestó que en este caso "se ha cometido el mayor número de errores judiciales y administrativos" que él ha visto tanto durante su trayectoria como Fiscal General del Estado como la de juez.
jueves, 12 de marzo de 2009
Condenada a nueve meses de prisión la madre preadoptiva de ´Piedad´, la tinerfeña Soledad Perera
Madrid. más de 60 madres renuncian a sus hijos en los hospitales madrilenos cada ano, según el defensor del menor
MADRID, 9 (SERVIMEDIA) El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, afirmó hoy que entre 60 y 70 madres renuncian cada año a sus hijos nada más dar a luz en los hospitales de la Comunidad, y que en la gran mayoría de los casos se trata de mujeres inmigrantes.
Durante su comparecencia en la jornada inagural de la Comisión especial de estudio de la problemática de la adopción nacional del Senado, Canalda explicó que la Comunidad de Madrid selecciona en estos casos a una familia de las ofrecidas para adoptar menores.
Canalda, que aportó datos del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, indicó que estas cifras se mantienen estables en los últimos años.
Además, destacó que, junto a estas renuncias en los hospitales, "se producen cada año dos, tres o cuatro casos como máximo de abandonos de niños recién nacidos" y que en la mayoría de estas situaciones se produce un "miedo de la madre a ser identificada". "Son niños de madres sin papeles, en la mayoría de los casos", redundó.
Por otra parte, Canalda propuso medidas para mejorar el sistema de protección a los menores, como impulsar programas sociales de prevención con las familias, potenciar el acogimiento familiar incorporando el acogimiento profesionalizado para los menores inmigrantes no acompañados y regular un único concepto nacional de idoneidad de los padres para adoptar.
Por último, Canalda apostó por el acogimiento familiar como mejor medida de protección para los menores que no pueden estar con sus familias biológicas, antes que el acogimiento residencial y que la adopción.
"La reinserción del menor en su propia familia no debe ser un objetivo absoluto porque la pasividad de los padres dejando transcurrir el plazo de custodia manifiesta desinterés por el hijo. Hay que romper con este criterio 'biologicista' que ha imperado en las administraciones en los útlimos años", concluyó.
Senado estudia el sistema y las normas para facilitar la adopción nacional
El Senado ha comenzado hoy a estudiar el actual sistema de adopción nacional y la posibilidad de unificar normas y criterios de las Comunidades Autónomas para facilitar los trámites que permitan encontrar familias para los casi 30.000 niños actualmente en régimen de tutela.
En su primera reunión, la comisión especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines ha recibido a la directora general de las Familias y la Infancia, Amparo Marzal, quien ha analizado los criterios actuales y planteado posibles mejoras en beneficio de los menores.
La importancia de potenciar el régimen de acogida en familias preparadas para ello, la posibilidad de regular el acogimiento de urgencia sobre todo en el caso de bebés, la necesidad de analizar la prevalencia de los vínculos biológicos y la capacidad de los padres biológicos de reclamar una y otra vez a sus hijos naturales, son asuntos que se han puesto sobre la mesa en esta primera sesión.
"Se trata siempre de situaciones muy variables que hacen casi imposible dar una respuesta única y homogénea", ha reconocido Marzal, quien ha admitido que la complejidad de los trámites y los plazos existentes para que la adopción sea definitiva desaniman a muchos padres de adoptar en España.
Así, uno de los primeros problemas que ha puesto de manifiesto esta responsable del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha sido la complejidad de elaborar estadísticas nacionales por los distintos criterios utilizados en las Comunidades Autónomas.
Marzal ha explicado que la cifra total de 29.554 menores tutelados corresponde a cálculos de 2006, y que de estos 14.126 están en régimen de acogimiento residencial (en manos de la Administración) y 19.894 en diferentes modalidades de acogimiento familiar; pero ha subrayado que éstas dos últimas cifras corresponden a 2007.
También ha informado de que en 2006 se llevaron a cabo 916 adopciones nacionales.
En la comisión también han intervenido el Defensor del Pueblo y del Menor de Andalucía, José Chamizo, y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, quienes han expuesto las normas y criterios que rigen en sus respectivas comunidades autónomas.
También han propuesto ideas sobre cómo mejorar el sistema para, en palabras de Chamizo "dar a los niños desamparados e institucionalizados el derecho a tener una familia en el más breve tiempo posible" teniendo siempre en mente que "no existe un derecho a adoptar, esto es no prima el interés de los padres, sino el interés del niño".
Chamizo también ha advertido a los senadores de los peligros que entraña buscar la perfección, tanto en los niños como los padres.
Así ha planteado que no son sólo los problemas legales los que dificultan las adopciones en España, sino también criterios como la edad de los menores o características como enfermedades, discapacidades o el tratarse de varios hermanos.
En cuanto a los padres adoptivos, Chamizo ha advertido contra la tentación de "buscar la perfección con unos criterios exquisitos e imposibles de cumplir".
Por su parte, el Defensor del Menor de Madrid, Arturo Canalda, ha argumentado en favor del acogimiento familiar como la mejor alternativa para los menores en desamparo y ha planteado la necesidad de apoyar a estas familias con ayudas económicas, fiscales, de escolarización, entre otras.
Para aquellos casos en que la adopción o el acogimiento sean complicadas por enfermedad del niño o por tratarse de un grupo de hermanos, el responsable de estos asuntos en Madrid ha apostado por el "acogimiento profesionalizado" como la mejor solución.