jueves, 12 de marzo de 2009

Senado estudia el sistema y las normas para facilitar la adopción nacional

 
 

El Senado ha comenzado hoy a estudiar el actual sistema de adopción nacional y la posibilidad de unificar normas y criterios de las Comunidades Autónomas para facilitar los trámites que permitan encontrar familias para los casi 30.000 niños actualmente en régimen de tutela.

En su primera reunión, la comisión especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines ha recibido a la directora general de las Familias y la Infancia, Amparo Marzal, quien ha analizado los criterios actuales y planteado posibles mejoras en beneficio de los menores.

La importancia de potenciar el régimen de acogida en familias preparadas para ello, la posibilidad de regular el acogimiento de urgencia sobre todo en el caso de bebés, la necesidad de analizar la prevalencia de los vínculos biológicos y la capacidad de los padres biológicos de reclamar una y otra vez a sus hijos naturales, son asuntos que se han puesto sobre la mesa en esta primera sesión.

"Se trata siempre de situaciones muy variables que hacen casi imposible dar una respuesta única y homogénea", ha reconocido Marzal, quien ha admitido que la complejidad de los trámites y los plazos existentes para que la adopción sea definitiva desaniman a muchos padres de adoptar en España.

Así, uno de los primeros problemas que ha puesto de manifiesto esta responsable del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha sido la complejidad de elaborar estadísticas nacionales por los distintos criterios utilizados en las Comunidades Autónomas.

Marzal ha explicado que la cifra total de 29.554 menores tutelados corresponde a cálculos de 2006, y que de estos 14.126 están en régimen de acogimiento residencial (en manos de la Administración) y 19.894 en diferentes modalidades de acogimiento familiar; pero ha subrayado que éstas dos últimas cifras corresponden a 2007.

También ha informado de que en 2006 se llevaron a cabo 916 adopciones nacionales.

En la comisión también han intervenido el Defensor del Pueblo y del Menor de Andalucía, José Chamizo, y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, quienes han expuesto las normas y criterios que rigen en sus respectivas comunidades autónomas.

También han propuesto ideas sobre cómo mejorar el sistema para, en palabras de Chamizo "dar a los niños desamparados e institucionalizados el derecho a tener una familia en el más breve tiempo posible" teniendo siempre en mente que "no existe un derecho a adoptar, esto es no prima el interés de los padres, sino el interés del niño".

Chamizo también ha advertido a los senadores de los peligros que entraña buscar la perfección, tanto en los niños como los padres.

Así ha planteado que no son sólo los problemas legales los que dificultan las adopciones en España, sino también criterios como la edad de los menores o características como enfermedades, discapacidades o el tratarse de varios hermanos.

En cuanto a los padres adoptivos, Chamizo ha advertido contra la tentación de "buscar la perfección con unos criterios exquisitos e imposibles de cumplir".

Por su parte, el Defensor del Menor de Madrid, Arturo Canalda, ha argumentado en favor del acogimiento familiar como la mejor alternativa para los menores en desamparo y ha planteado la necesidad de apoyar a estas familias con ayudas económicas, fiscales, de escolarización, entre otras.

Para aquellos casos en que la adopción o el acogimiento sean complicadas por enfermedad del niño o por tratarse de un grupo de hermanos, el responsable de estos asuntos en Madrid ha apostado por el "acogimiento profesionalizado" como la mejor solución.

El gobierno prevé un aumento de adopciones nacionales a primeros de 2010

 
 
18:02 - 9/03/2009
 
 Educación y Justicia trabajan en la reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor MADRID, 9 (SERVIMEDIA) La general de las Familias y la Infancia, Amparo Marzal, auguró hoy un incremento de las adopciones nacionales a comienzos de 2010 porque entonces, aventuró, habrá un aumento de las familias biológicas que no podrán reclamar a sus hijos.

Marzal se refirió, en la comparecencia inaugural de la Comisión especial de estudio de la problemática de la adopción nacional del Senado, a la Ley de Adopción Internacional, aprobada a comienzos de 2008 y que establece un periodo máximo de dos años para que la familia biológica pueda volver a tener la patria potestad de un menor.

Así pues, Marzal previó que a principios de 2010 habrá un incremento de niños españoles que estarán disponibles para ser adoptados porque decaerá el derecho de las familias a reclamar la vuelta del menor al hogar. "Es posible que entonces veamos un aumento en la adopción nacional. Ése es nuestro deseo", añadió.

"El menor no puede estar esperando indefinidamente a que se defina su futuro con la familia biológica. Debe priorizarse el derecho a su pleno desarrollo", agregó.

Por otro lado, Marzal indicó que en 2006 hubo 916 autos de adopción y las comunidades autónomas asumieron 29.554 tutelas de menores, y en 2007 hubo 14.126 acogimientos residenciales y 19.894 acogimientos familiares.

La representante del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte consideró "importante" la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, pero aventuró que es aconsejable "su revisión y actualización".

Por ello, destacó que los ministerios de Justicia y de Educación, Política Social y Deporte "están trabajando para determinar posibles cambios que pudieran ser aconsejables".

En su opinión, el actual modelo de protección a los menores es "complejo" por cuanto que corresponsabiliza a todas las administraciones públicas, pero destacó que "parte con la base del respeto a la infancia y del "interés superior del menor".

domingo, 8 de marzo de 2009

Una nigeriana pleitea con la Junta para recuperar a su hijo, acogido en Guadalajara

 
Escrito por Redaccion   
martes, 03 de marzo de 2009
  • Vivien Adun denuncia que le arrebataron al niño "con engaños" y exige recuperarlo tras haber superado un proceso psicótico
  • La mujer ve al niño 2 horas al mes en el Punto de Encuentro de Guadalajara, aunque vive en Almería

GUADALAJARA, 03-03-09

Una mujer nigeriana, residente en Almería, y que llegó a España en patera hace 7 años, ha demandado a la Junta de Comunidades ante el Tribunal Supremo, solicitando recuperar la custodia de su hijo, que vive con una familia de Guadalajara. La noticia fue ofrecida ayer por varias emisoras de televisión, y procede de un reportaje de la agencia Europa Press, en el que se da cuenta de la historia de Vivien Adun y su pelea por recuperaral niño. Su recurso ante el Supremo se produce después de que la desestimara una petición anterior de la madre biológica del pequeño. Ahora, y tras el fallo de la Audiencia, ha presentado un recurso de casación.

Según aseguraba la mujer en las declaraciones televisivas, Adun ve obligada, para ver al niño, a viajar en autobús una vez cada dos meses desde Almería hasta la capital arriacense, donde le dejan ver al niño por espacio de dos horas, en el Punto de Encuentro de la ciudad. El viaje, asegura la mujer, es para ella un calvario, dado que tiene los dedos de los pies amputados.

En el reportaje televisivo emitido ayer, Adun explicaba que llegó al país en patera y embarazada en el año 2002. Pasó por casas de acogida de Andalucía y Castilla-La Mancha, y cuando el niño tenía tres años, se vio en la calle y sin trabajo. Entonces, y siempre según el relato de la nigeriana, la coordinadora del Centro de Acogida de Guadalajara le prometió "quedarse con el menor para que jugase con su hija", pero la Consejería de Bienestar Social lo entregó en acogida, situción en la que se encuentra en la actualidad. La mujer asegura que la Junta le engañó, y que nunca le dijeron que el niño iba a ser entregado.

Al parecer, Adun padecía algunos trastornos de conducta de carácter psiquiátrico (perdió los dedos apagando una hoguera con los pies) que pudieron motivar la decisión de los Servicios Sociales. Pero ella asegura estar completamente recuperada.

Hace ahora casi un mes, el diario nacional Público ya publicó un interesante reportaje con esta historia , que se puede consultar aquí. En él se recoge la postura de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta, que señalaba que en este caso prevalece la existencia de una resolución judicial que ordena el paso del menor a la situación de acogimiento permanente, y que cualquier otra decisión al respecto únicamente puede ser tomada "por un juez o tribunal correspondiente". Asimismo, la Junta defiende que las decisiones adoptadas en relación a este caso fueron determinadas por informes de expertos , y "como en todos los casos que afectan a menores, su único objetivo es preservar el interés del niño".

 



 
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