miércoles, 11 de febrero de 2009

Madre dos horas al mes

 
OLIVIA CARBALLAR - ALMERÍA - 06/02/2009 23:00

Vivien Adun viaja en autobús desde Almería hasta Madrid. Tras siete horas de trayecto, se dirige en metro a la Avenida de América. Allí se sube a otro autocar con destino a Guadalajara, donde la espera su hijo, en un punto de encuentro. De allí, al rato, vuelta a casa: de Guadalajara a Madrid y de Madrid a Almería. Vivien se sabe el recorrido de memoria. En total, son dos días de camino que repite cada mes para estar con su hijo un par de horas.

Éste es el régimen de visitas establecido por un juez de Guadalajara, que autorizó el acogimiento permanente del niño, de 6 años, por una familia. La Audiencia Provincial acaba de confirmarlo y Vivien ha formalizado un recurso de casación al Supremo. La Junta de Castilla-La Mancha se hizo cargo del menor cuando este tenía 3 años porque la madre no podía darle el cuidado necesario. La mujer, de nacionalidad nigeriana, se quedó en la calle tras denunciar a la red de prostitución que la trajo engañada a España. No tenía trabajo, ni papeles, y había agotado el tiempo de permanencia en las casas de acogida.

Una vida diferente

Su situación es ahora radicalmente distinta. Trabaja desde hace más de un año como cuidadora de una mujer mayor en Almería, tiene papeles y una casa digna donde vivir. "Deseo recuperar a mi hijo; soy su madre, la vida me puso una zancadilla, pero superé todo lo malo. Mi vida ya cambió", afirma desconsolada.

Vivien supo que estaba embarazada sólo unos días antes de emprender su viaje a España desde Nigeria. Recorrió a pie la mayor parte del camino desde Edo State a la capital, Níger. De Níger pasó a Malí. De Malí, a Argelia. Y de Argelia saltó a Marruecos. Allí, ayudada por sus compañeras de viaje, dio a luz a su hijo. Y con su bebé y 35 personas más se subió a una patera.

"Pasé mucho miedo, sabía que mi hijo y yo podíamos morir durante el trayecto, pero ya no había marcha atrás", explica. Nueve horas y media después, llegaron a Algeciras, donde les esperaba la mafia. Era el 14 de septiembre de 2002. "Pagaron 2.000 euros por mí y por mi niño al padre de mi hijo, que me engañó y estaba en complot con la mafia aquí en España", relata. Malvivió como pudo, sin dinero, con amenazas de muerte. Hasta que denunció a la red que le obligaba a prostituirse y comenzó a deambular, siempre junto a su hijo, de casa de acogida en casa de acogida.

Desde Andalucía a Castilla-La Mancha. Aquí fue donde intervinieron los servicios sociales. El niño no podía seguir viviendo en esas condiciones. "Me echaron de la última casa de acogida y me dijeron que me pagarían un hostal; yo les pregunté que cómo iba a vivir con mi hijo así, y entonces me lo quitaron", lamenta.

En un momento de desesperación, mientras se calentaba con un fuego en la calle, comenzó a apagarlo con los pies. La herida se le infectó y tuvieron que amputarle los dedos. "Yo chillaba de dolor en el hospital, y para que me callara me pegaban en la cabeza, con el suero puesto; la vida me ha tratado mal por ser inmigrante, ¿cuántas pruebas más tengo que superar?", denuncia. Una prótesis para poder caminar con normalidad le costaría unos 6.000 euros.

Un poco de luz en el camino

El calvario de Vivien comenzó a menguar cuando la recogieron las monjas Oblatas en Almería. Ahí comenzó a recibir la ayuda de la asociación para la atención integral a mujeres en situación de riesgo (Aimur), que ha luchado todo este tiempo por sacarla de la pesadilla que estaba viviendo. "Trabajamos con Vivien desde hace más de dos años, y creemos que está perfectamente capacitada para cuidar de sí misma y de su hijo", afirma Mercedes Díaz, representante de la asociación. La mujer a la que cuida, Consuelo, también da fe de ello: "Es una mujer muy luchadora, que ha sufrido mucho en esta vida y ojalá le devuelvan a su hijo, porque se lo merece más que nadie", asegura.

El párroco Alfonso Sola secunda sus palabras: "Siempre que ha venido a la Iglesia me ha dicho: Pídale a Dios para que pueda recuperar a mi hijo. Ha superado todas las dificultades, con el añadido, además, de que es inmigrante. En el pueblo, todos la tratamos como una más".

Eloy González, un vecino, ha dado su firma para que le devuelvan al niño. "Atiende a su trabajo, es una chica normal; si gente con menos recursos tiene hijos, ¿por qué no los va a tener ella?", dice.

Una resolución judicial

Según la Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, en este caso existe una resolución judicial que ordena el paso del menor a la situación de acogimiento permanente, por lo que "cualquier otra decisión al respecto solamente puede tomarla el juez o el tribunal correspondiente".

La Consejería destaca, asimismo, que todas las decisiones adoptadas en relación con este caso "han sido determinadas conforme a los informes de los expertos que, como en todos los casos que afectan a menores, tienen como único objetivo preservar el interés del niño". Si la madre no está de acuerdo, añade la Junta manchega, está en su derecho de recurrir.

Esa es la batalla que libra ahora Vivien, que cuenta los días para ver a su hijo unas horas: "Salvé a mi niño de la pobreza, pero no pude evitar que se lo tragara España".

Más facilidades para adoptar

 
Josep Playà Maset | Barcelona | 26/01/2009 | Actualizada a las 03:31h | Ciudadanos
 

La nueva ley de la Infancia que el Govern de la Generalitat tiene previsto aprobar en los primeros días del mes de marzo pretende reforzar los derechos y las oportunidades de los menores de edad. Como principales novedades, la ley crea nuevas figuras de acogida para niños desamparados, reduce el tiempo de las familias biológicas para recurrir y mejora la protección contra los malos tratos. Sin olvidar el punto que hasta ahora ha provocado más polémica: el derecho a decidir sobre el aborto de las menores de 18 años.

Los 165 artículos, 5 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogativa y 6 disposiciones finales del anteproyecto de ley de la Infancia, redactado por el Departament d´Acció Social i Ciutadania, van encaminados a actualizar la normativa con las nuevas circunstancias sociales, a unificar la legislación vigente y a la visualización del niño como sujeto de derechos.

Acogida permanente y profesionalizada. La nueva ley crea dos nuevas tipologías de acogida. Aparece la acogida permanente, cuando se prevé que el desamparo del menor será casi definitivo pero la preadopción - paso previo a la adopción-no es posible o no es la medida más favorable. Ejemplo: los abuelos no pueden adoptar a los nietos. pero sí tenerlos en acogida permanente. O el caso de menores de más de 12 años que quieren mantener el lazo con uno de los padres pero al mismo tiempo desean estar con otra familia en acogida.

Por otro lado, se crea la acogida en unidades convivenciales especializadas, formada por personas especialmente cualificadas en razón de su profesión. Se tendrá en cuenta que tengan una fuerte capacidad educativa con años de experiencia y/ o que provengan de los campos del magisterio, la pedagogía, la enseñanza o los trabajos sociales. También se mantiene la acogida simple, cuando el desamparo es transitorio y el menor puede retornar con la familia biológica.

Menos opciones para los padres biológicos. La ley actual es muy permisiva con los padres biológicos, de tal modo que estos podían obstruir determinadas preadopciones al no existir unos plazos fijos. Ahora la ley establece que una vez que se declara el desamparo de un menor, la familia biológica dispone sólo de tres meses para recurrir. Si se opone, deberá decidir un juez, y de lo contrario, la decisión será ya firme. En el caso de oponerse a otras medidas, como la acogida en preadopción, la familia biológica dispondrá sólo de dos meses. Actualmente, si los padres se oponen a una acogida preadoptiva, se debe tramitar por la vía judicial, y los padres biológicos, en caso de perder, pueden recorrer en segunda instancia. Los procesos pueden alargarse años y años, con la inseguridad que ello genera a los padres adoptantes. Ahora, la preadopción se acordaría por resolución de la Administración sin necesidad de consentimiento de los progenitores.

Malos tratos. El anteproyecto prioriza las medidas administrativas y judiciales para que en caso de maltrato familiar a un menor sea el presunto maltratador quien abandone el domicilio familiar y no el menor. Actualmente, en muchos casos de malos tratos a un menor, es este quien va a un centro de acogida, se aleja del domicilio familiar y pasa a estar tutelado por la Administración, lo cual supone una doble victimización. En esa misma línea de evitar una doble victimización, se señala la validez de las pruebas anticipadas, aquellas declaraciones por medios audiovisuales en que se denuncia un maltrato, o de las primeras exploraciones. También se establece que la Generalitat se podrá personar como acción popular en casos de muerte o malos tratos graves en cualquier lugar. Se crean además servicios de atención inmediata en relación con el maltrato infantil, se dota de recursos telefónicos y telemáticos para facilitar una actuación inmediata y para proponer si hace falta medidas cautelares.

Ablación. Se establecen medidas para tratar la mutilación genital femenina, para evitar el riesgo e incluso para superar los daños causados a esas niñas.

Capacidad de decidir sobre la maternidad

La nueva ley también regula "la capacidad de decidir sobre la maternidad". Esta frase, pronunciada el pasado martes en la subcomisión de la Infancia del Parlament por la secretaria de Infancia y Adolescencia, Imma Pérez, levantó una auténtica polvareda. Más que ese enunciado se trata de lo que viene detrás: en el anteproyecto se reconoce a las chicas de 16 a 18 años capacidad para decidir sobre el aborto en los tres supuestos que permite la ley. Y en el caso de las menores de 16 años, si hay discrepancias entre la voluntad de la chica y la de los padres, será un juez el que decida.

La propuesta surge del comité de expertos que redactó las bases de la nueva ley y en este punto recoge también las recomendaciones del informe presentado el pasado mes de abril por el observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona. Albert Royes, secretario de la comisión de Bioética de la UB, explicaba a este diario que entre sus recomendaciones para lo que debe ser la nueva ley del Aborto se decía que entre los 16 y los 18 años sea la mujer la que decida lo que quiere hacer, sin que los padres o tutores manden, y que de los 12 a los 16 sea la menor la que tome la decisión, pero de acuerdo con sus progenitores.

En caso de desacuerdo, deberá haber un mediador que intente alcanzar el consenso. "El término mediador es genérico, puede ser un asistente social, un psicólogo o un juez", precisa. Royes destaca que esta norma "no está pensada únicamente para favorecer el aborto sino la libertad de la menor. Podría darse el caso de unos padres que quisieran que ella abortase y fuese la menor partidaria de tener el hijo".


 

 

Niños desamparados esperan por un hogar debido a la escasez de familias de acogida

 

maría lópez
La solidaridad también está en crisis. En la actualidad, trece menores en la provincia de Pontevedra están a la espera de un hogar debido al número insuficiente de familias que participan en el programa de acogimiento de Cruz Roja. La entidad colabora con Vicepresidencia en la protección de niños y adolescentes que se encuentran bajo una medida de protección jurídica o administrativa por haber sido víctimas de algún problema en su hogar, abandono, abuso o maltrato.
Se trata de menores que pasaron por una situación de desamparo y que hoy residen en un centro de protección. Aunque no siempre es así. "Hemos tenido casos en los que el niño está esperando por un hogar al cuidado de su familia biológica", reconoce la trabajadora social de Cruz Roja que se encarga del proyecto, Laura Zamorano, quien matiza que cuando se produce esta coyuntura "se les da prioridad para acceder al seno de una familia de acogida porque están en una situación de riesgo".
El número de personas dispuestas a hacerse cargo de un menor no ha descendido en los últimos meses. El problema radica en que cada vez son más los niños que necesitan de una familia ajena a la de origen para poder subsistir, según informan desde Cruz Roja. En estos momentos, su principal cometido es el de encontrar núcleos familiares para bebés de 0 a 3 años. "Pocas familias están dispuestas a hacerse cargo de ellos porque necesitan mucha atención; normalmente la gente prefiere niños ya escolarizados", explica Zamorano.
Abandono de recién nacidos
Los abandonos se producen normalmente en niños recién nacidos. Los padres firman un escrito de renuncia y la Xunta asume directamente la tutela del pequeño. La intención de Cruz Roja y de Vicepresidencia es fomentar la acogida (sobre todo en niños con edades tan tempranas) en detrimento de los centros de protección, para que los pequeños tengan así una figura paterna o materna, aunque nunca será estable. El tiempo máximo que unos padres de acogida pueden estar con el menor es de dos años. Se trata de que los niños regresen a su hogar de origen en cuanto se solucionen los problemas familiares, aunque este objetivo no siempre se logra. En este caso, tras la estancia con la familia acogedora, el menor se traslada a un hogar preadoptivo.
Existen cuatro modalidades de acogimiento. La más común es la de convivencia plena. Las otras opciones son hacerse cargo sólo durante el día (el menor vuelve a casa de su familia biológica cada tarde), durante los fines de semana y vacaciones, y acogimiento de urgencia (no se prolonga durante más de seis meses y se produce mientras se valora la situación de su hogar de origen). Veinticuatro familias acogen en la actualidad a 29 menores de toda la provincia y ocho hogares se hacen cargo de trece en Vigo. Pero no es suficiente. Cruz Roja urge más personas solidarias que deseen cuidar de un niño sin hogar.
Vicepresidencia aporta 220 euros al mes por menor
El Gobierno gallego, a través de Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, subvenciona el cuidado de los menores que están bajo su tutela. En el caso de las familias que se prestan voluntarias para acoger en sus casas a un niño o adolescente en situación de desamparo, éstas reciben 220 euros al mes para mantener a menores de entre 1 y 18 años. Si los padres acogen a un bebé que no supera el año, la cuantía asciende a 500 euros mensuales.
Desde Cruz Roja insisten en que no importa tanto el nivel económico de las personas que participan en el programa como su motivación, disposición a ayudar y a ofrecer un hogar equilibrado, cariñoso y dispuesto a implicarse en la educación del menor, ya que éste normalmente se encuentra en una situación de inestabilidad y carencias, a veces víctima de malos tratos y con una autoestima muy dañada. Por otro lado, las actividades de formación son muy importantes dentro del proceso de acogimiento. Los padres "adoptivos" acuden a sesiones de encuentro con otras familias, donde comparten diversas experiencias sobre los niños que tienen a su cargo.



 
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